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Caso ‘Epa Colombia’

De acuerdo con los preceptos constitucionales establecidos en la carta política, las decisiones judiciales en Colombia deben fundarse con estricta observancia de las disposiciones contenidas en la Ley, esta es la razón por la que muchos jueces y magistrados optan por acoger una interpretación restrictiva de lo en ella establecido, dejando de lado que también por mandato constitucional pueden recurrir no solamente a la acostumbrada jurisprudencia, sino a la equidad, a los principios generales del derecho y a la doctrina como criterios auxiliares para la toma de decisiones al interior de su actividad judicial.

Entonces, a pesar de que «la ley es dura, pero es ley», es precisamente la aplicación individualizada de criterios como la equidad y otros principios generales del derecho lo que, a mí modo, puede hacer que al interior de dos o más situaciones jurídicas similares se adopten decisiones diferentes, siendo unas más o menos ‘justas’ o ‘proporcionadas’ que otras.

Estimo necesario poner de presente el anterior discurso introductorio toda vez que este texto va dirigido al análisis -jurídico- del caso que atañe a Daneidy Barrera Rojas conocida popularmente como ‘Epa Colombia’, anteponiendo desde ya y como conclusión anticipada que, en mi opinión, la decisión judicial adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fue fundada en estricto apego a la Ley y con casi nula observancia de los criterios ya mencionados en precedencia.

Una vez expuesto lo antepuesto, parto de la base de que jurídicamente la desproporcionalidad en el caso de Daneidy Barrera Rojas no guarda del todo relación con el hecho de que ella haya decidido superarse, emprender y generar empleo, puesto que eso no cambia la realidad de que los daños que ocasionó en la estación Molinos de Transmilenio el día 22 de noviembre de 2019, sí dieron lugar a la configuración de tipos penales o delitos, por lo que no hay duda que ‘Epa Colombia’ sí debía hacerse responsable de sus actos al interior de un proceso penal.

Ahora bien, el desacuerdo jurídico que sostengo con el caso que aquí atañe radica en que a Daneidy Barrera Rojas la declararon penalmente responsable por la comisión de un delito que, a mi juicio, no cometió, y es precisamente por el mismo que no puede acceder a los beneficios que le permitan seguir ejerciendo su rol de buena ciudadana, empresaria y emprendedora modelo a seguir.

En este sentido, por la destrucción de las puertas de vidrio, del dispositivo de lectura de tarjetas, de los equipos de recarga automática, de la registradora de acceso a la estación Molinos de Transmilenio, y por la posterior publicación en redes sociales del video en el cual “Epa Colombia” le exterioriza a sus seguidores los hechos cometidos, la Fiscalía le imputa los tipos penales contenidos en los artículos 353, 265 en concordancia con el 266 numeral 4,  y 348 inciso 2 del Código Penal Colombiano, los cuales corresponden en estricto orden a: (i) perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, (ii) daño en bien ajeno agravado por ser una conducta cometida en un bien de uso público y/o de utilidad social, y (iii) instigación a delinquir con fines terroristas.

Las normas en mención establecen lo siguiente:

ARTICULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL. <Artículo modificado por el artículo 45 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 265. DAÑO EN BIEN AJENO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

(…)

ARTICULO 266. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. La pena se aumentará hasta en una tercera parte, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere:

(…)

4. Sobre objetos de interés científico, histórico, asistencial, educativo, cultural, artístico, sobre bien de uso público, de utilidad social, o sobre bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación. (Subrayado y negrilla por fuera del texto original)

ARTICULO 348. INSTIGACION A DELINQUIR. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en multa.

Si la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio o con fines terroristas, la pena será de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses de prisión y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Subrayado y negrilla por fuera del texto original).

Del texto literal que compone cada uno de los tipos penales imputados a Daneidy Barrera Rojas, a simple vista podríamos sacar las siguientes conclusiones:

  • “Epa Colombia” sí incurrió en la comisión de los delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, por cuanto es claro que los daños ocasionados en la estación Molinos de Trasmilenio imposibilitó a través de medios ilicítos la circulación de las personas normalmente hacían uso del servicio de transporte público y colectivo.
  • “Epa Colombia” sí ocasionó un daño en bien ajeno de uso público y de utilidad social.

Pese a lo antedicho, ¿podría considerarse que por la publicación del video en redes sociales Daneidy Barrera Rojas debe responder penalmente por la comisión del delito de instigación a delinquir con fines terroristas contenido en el artículo 348 de la norma penal sustantiva?

Para ilustrar un poco mi posición, es necesario traer a colación que el artículo 343 del Código Penal Colombiano” define al ‘Terrorismo’ como El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos”. (Negrilla y cursiva por fuera del texto original).

Esta definición precitada nos pone de presente que, si la comisión del delito de instigación a delinquir persigue fines terroristas, el autor material del mismo debe tener la intención de generar con tal publicación pánico, terror y zozobra, así como de desarrollar conductas que pongan en peligro a las personas sobre las cuales recaiga la calidad de víctima.

Aplicada esta definición en el caso sub examine, en mi opinión, “Epa Colombia” no posteó el video en sus redes sociales con la finalidad de incitar a sus seguidores a cometer actos ilícitos y/o delitos, ello por cuanto en ningún momento hizo un llamado o invitación a la comisión de los mismos; mucho menos podría considerarse que con tal publicación “Epa Colombia” tuvo la intención de atentar contra la vida, integridad física y libertad de las personas que presenciaron la comisión de tales actos, tampoco de generar  pánico y temor en los seguidores que reprodujeron el vídeo en sus redes sociales, puesto que, a mi modo (insisto), la finalidad de tales comportamientos era manifestar su descontento e inconformidad en contra del Gobierno Nacional de turno y también, promocionarse en su condición de influencer.

Teniendo en cuenta lo precedente, no es lo mismo que a Daneidy Barrera Rojas, la hallen responsable penalmente por la comisión de dos delitos, a que así la declaren por la comisión de tres; esta situación se evidenció cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia de primera instancia, atribuyéndole responsabilidad penal a “Epa Colombia” solamente por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial y daño en bien ajeno agravado.

La pena impuesta por este despacho tuvo una reducción del 45% por aceptación o allanamiento a cargos, por ello a Daneidy Barrera Rojas, en esta instancia le correspondió una sanción de 46,2 meses y multa de 25.42 salarios mínimos mensuales vigentes.

No obstante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sede de apelación, realizó una interpretación restrictiva de la Ley y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y determinó que Daneidy Barrera Rojas, sí incurrió en la comisión del delito de instigación a delinquir con fines terroristas, es por esto que en la Sentencia proferida el día (3) de agosto de 2021, se le condena a la pena de prisión de a 63 meses y 15 días, a pagar una multa equivalente a 492,24755 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2019, y a las penas accesorias de inhabilitación de derechos y funciones públicas e inhabilitación para el ejercicio de oficio de Influencer o Youtuber.

El problema y la desproporción que en mi concepto existe en esta decisión judicial de segunda instancia radica en que al ser Daneidy Barrera Rojas, declarada responsablemente penalmente también por un delito que como bien expliqué en precedencia no considero que haya cometido, su pena aumentó a un monto en que no puede acceder a beneficios como la suspensión de ejecución de la pena, en virtud del cual la ejecución de su condena se suspendía por el mismo en que fue declarada.

De este modo, si “Epa Colombia” es condenada a la pena de 46,2 meses de prisión, una vez se encuentre en firme la decisión judicial que así lo ordena, ella tardaría 46,2 meses en ir a prisión a cumplir con los 46,2 impuestos por la comisión de los delitos por los cuales se halló penalmente responsable; pese a ello, este beneficio solo es procedente cuando, entre otros aspectos, la pena no excediese de cuatro (4) años, tal y como lo establece el artículo 63 del Código Penal Colombiano modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014.

Es por esta razón que al interponerle el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, una condena de 63 meses y 15 días en prisión, se sobrepasa el tope límite para acceder al beneficio de la suspensión de ejecución de la pena.

El análisis hasta aquí expuesto solo se ha basado desde el punto de vista jurídico, ello significa que, en mi opinión y con base en la normatividad vigente en materia penal, no podría establecerse que ‘Epa Colombia’ no debería ser declarada penalmente, ello por cuanto, itero, lamentablemente sí cometió conductas encuadradas como delitos por el Código Penal Colombiano, y a pesar de que las funciones de la pena son, entre otras, la reinserción social y la resocialización, las cuales al parecer ya ocurrieron en la vida de ‘Epa Colombia’ gracias a su voluntad de superación personal, no hay norma vigente que establezca que no hay lugar a responsabilidad penal en aquellos eventos en que el imputado o procesado se haya resocializado por cuenta propia.

Para finalizar, dejo de presente que desde una perspectiva social –y no con base en el derecho-, sí considero que Daneidy Barrera Rojas conocida popularmente como ‘Epa Colombia’ es una persona ejemplo de superación, que en definitiva tiene mucho más que aportarle al país estando en libertad, generando empleo, pagando impuestos y ayudando a su comunidad, y no encerrada en prisión, contribuyendo al hacinamiento carcelario y pagando por daños de los que, económicamente hablando, ya se hizo responsable.

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