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Desigualdad, discriminación inversa e Índice de Gini

La desigualdad, desde una perspectiva generalizada, ha tenido cabida en todos los ámbitos de la vida y desarrollo del ser humano, incluso desde épocas en las que la modernidad, la ciencia y la tecnología aún no poseían influencia directa en el pensamiento de las sociedades que con el tiempo se han ido forjando, tal como ocurría en la edad media donde la nobleza, la burguesía y el pueblo, eran las clases sociales en las que entre sí distaban mucho los conceptos de igualdad y equilibrio.

Esta problemática ha sido analizada desde diferentes ramas del conocimiento y por múltiples autores, los cuales han optado por clasificarla en diversos tipos y arquetipos, con la finalidad de abarcarla desde una perspectiva más específica y menos estandarizada que haga posible un estudio más a fondo de sus características, consecuencias, ventajas (incluso), desventajas y estrategias de disminución.

Pese a aquellas clasificaciones habidas y por haber, en mi opinión, todas podrían agruparse en la llamada «desigualdad social», puesto que es precisamente el surgimiento de las civilizaciones y la capacidad in natura del hombre de ser un ser de interacción, lo que da lugar al nacimiento de la desigualdad, ello por cuanto la misma solamente puede detectarse al comparar el modo y la calidad de vida que llevan varios individuos pertenecientes al mismo conglomerado social, los cuales, se supone, son administrados sin preferencia alguna por un mismo estado o por una misma autoridad.

Así, vemos que podría haber desigualdad social (definición completamente alejada del concepto de pobreza) cuando dos personas no reciben con igual eficacia la prestación del servicio de salud, cuando dos niños de la misma edad pero ubicados en diferentes municipios no reciben la misma educación de calidad, cuando un hombre y una mujer que ostenten un mismo cargo no tengan la misma asignación salarial, cuando dos personas de diferentes culturas, religiones o preferencias sexuales no sean vistos y tratados de la misma forma por una institución pública, o incluso, cuando un estado no proteja (aún bajo modalidades diferentes) los derechos y garantías fundamentales de todos sus administrados.

Respecto a este último punto, merece la pena resaltar que un estado puede tomar medidas desiguales que garanticen la igualdad real y material, es lo que en Colombia, nuestra Honorable Corte Constitucional ha llamado «discriminación inversa o positiva», definiéndola en la Sentencia C-115 de 2017 bajo ponencia del Magistrado Alejando Linares Cantillo, como «(…) aquel trato diferente que propende por materializar la igualdad real, a través de acciones afirmativas de igualdad que recurren a criterios tradicionalmente utilizados para profundizar o al menos perpetuar la desigualdad, tales como el origen racial, el sexo o las preferencias sexuales (discriminación negativa), pero son utilizados, por el contrario, para romper esa situación de desigualdad o, al menos, para estrechar la brecha de la desigualdad no formalmente jurídica, aunque presente en la sociedad (…)».

Esta definición precitada, no es más que la interpretación realizada por la Corte del inciso tercero del artículo 13 constitucional, en el cual nuestra norma de normas establece que «El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan» Subrayado y negrilla por fuera del texto original.

Lo anterior encuentra su fundamento en que bajo la adopción de iguales medidas no podrían protegerse los derechos de personas bajo distintas condiciones y circunstancias, dos ejemplos de ello son, (i) la construcción de andenes con rampas para el paso de personas en sillas de ruedas, y (ii) la inclusión en las instituciones educativas de muebles, pupitres y sillas especiales para alumnos con limitaciones físicas; De esta forma, vemos cómo el estado se vio en la necesidad de acoger estas medidas para que las personas con las discapacidades expuestas también pudiesen transitar por los andenes y recibir educación en las mismas comodidades que aquellos que no las padecen.

Ahora, si bien es cierto que en Colombia se han adoptado medidas de discriminación inversa o positiva en aras de disminuir la desigualdad, las mismas no han sido suficientes para lograr el objetivo planteado, pues, entre los resultados arrojados por diferentes estudios e instituciones, vale la pena traer a colación que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, basada en el Índice de Gini, estableció que para el año 2019, Colombia después de Brasil, era el segundo país más desigual de Latinoamérica, tal y como lo muestra la siguiente gráfica:

En relación a lo antedicho, resulta oportuno mencionar que el Índice de Gini es una medida analítica que sirve para calcular la distribución desigual (especialmente la de ingresos) en un país o determinado territorio, y se expresa en valores de referencia de 1 a 100, así, entre más cercanía tenga un país a 1, menor desigualdad tendrá.

Volviendo al caso de Colombia, vemos como para el año 2019, el Índice Gini respecto a Colombia se acentuaba en una referencia de 50.8, situación que comparada con el año 2009 donde este índice arrojaba el valor de 54.3, significa que ha habido disminución (aunque poca) de desigualdad a nivel interno, tal cual lo exterioriza la siguiente grafica tomada de las estadísticas del Banco Mundial, Grupo de Investigaciones Sobre el Desarrollo:

Cabe resaltar, basado en el índice de Gini, no han sido arrojados nuevos resultados sobre el nivel de desigualdad en Colombia para el año 2021, el cual, a mi parecer, ha debido incrementar notablemente a raíz de la pandemia generada por el nuevo coronavirus Covid-19, sin embargo, estudios más recientes basados en otros indicadores diferentes al Índice de Gini, ya han establecidos que a día de hoy Colombia es el país más desigual de Latinoamérica.

Entonces, en definitiva, que un país como Colombia arroje estadísticas lamentables en materia de desigualdad, es una señal más que alarmante que no se están cumpliendo los principios y presupuestos fundamentales propios de un Estado Social de Derecho, en el cual la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad son pilares fundamentales para lograr un equilibrio social, y que, de verse afectado este último, deben ser tomadas más acciones que las mínimamente necesarias para fortalecer su política fiscal y de redistribución, ello en aras de propender que todos sus habitantes puedan acceder en igual o por lo menos parecidas condiciones, tanto a los bienes y servicios requeridos para llevar una vida digna, como a aquellas necesidades y anhelos a los que su voluntad aspire.

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