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EPM y la nueva arepa eléctrica del Caribe

Mi última visita a la costa Caribe colombiana, en diciembre del 2019, estuvo marcada por una serie de impresiones un tanto abrumadoras con respecto a los procesos de estratificación y gentrificación en los que evidencia una sórdida violencia estructural, y si se quiere, estética.

Casas de madera sobre humedales frente a condominios para la gente rica del país, carreteras bellísimas que llevan a las propiedades de las tenedoras y en cuyas entradas se acumulan la falta de oportunidades proyectadas en una estrategia de promoción del turismo hostil de contornos casi post apocalípticos. No recuerdo sensación más incómoda que la de ser interpelado por grupos de jóvenes que paraban los carros y las motos para “invitarlo” a uno a alguna actividad o establecimiento. 

Tal vez pueda equipararse con la de tener que esperar al pie de un semáforo en una esquina sin luces. Pero toda esa incomodidad se convierte en tristeza cuando pasamos de esos lugares y circulamos cerca a los apartamentos de mil millones. En mi niñez, cuando había visitado Cartagena por última vez, no podía ser consciente de nada de eso, ni hacer algún paralelismo como el que presentaré a continuación. 

El primero de octubre de este año, Iván Duque, siempre dado a los protocolos, entregó las llaves de la energía al grupo EPM, y en especial a la filial Afinia, con el propósito de superar las dificultades con respecto al uso de energía en el territorio que le quedó grande a Electricaribe. Aunque sabemos que más que a la empresa como estructura, se debió a un ejercicio de corrupción y de negligencia por parte del Estado; por lo que viendo lo que sucede ahora en Antioquia con el grupo EPM y en qué manos se encuentran las riendas del país, no se pueden esperar cambios muy positivos más allá de lo estadístico y directamente tangible. 

Ahora, aunque no he visitado toda la costa y el crecimiento de la región es evidente, y digo crecimiento no en términos meliorativos sino meramente exponenciales, el asunto de Cartagena me recuerda a lo que sucedió en Antioquia con el Urabá y Apartadó. Éste último empezó a tener no sólo crecimiento sino también desarrollo, e incluso maduración en varios frentes como la infraestructura, la educación y la salud, por lo que muchas entidades y personas con caudal se trasladaron allí. 

Este fenómeno despertó el interés de más gente y al final, ya con los faroles brillando sobre el territorio, se asumió que era necesario mejorar la llegada de energía para poder llevar a buen puerto los grandes proyectos nacionales e internacionales que se tienen pensados allí. No sé qué otras ciudades de la costa estén viviendo lo mismo que Cartagena, pero no hace falta más que un epicentro activo para que lo circundante viva las réplicas. 

En el 2009, aunque sabemos también que era una intención de vieja data, se firmó el contrato que diera luz verde a EPM para la realización de la Hidroeléctrica Ituango, un proyecto que a la fecha viene costando 16.2 billones de pesos y que parece más una telenovela que una joya de la ingeniería. Pero más allá del dinero, Hidroituango ha costado muchas vidas. Y no entraré en acusaciones sobre amenazas y asesinatos de líderes, desplazamiento forzado de las comunidades o alianzas con grupos armados, no, porque no hace falta todo eso para destruir vidas. 

Para destruir vidas es suficiente, por ejemplo, con avanzar en las obras hasta que a una población no le quede de otra que aceptar una reubicación en la que no se satisfacen todas sus necesidades y en la que generan dependencia de una serie de elementos que antes no eran parte de su cotidianidad. Para acabar con una vida basta ampararse en un concepto amañado de ‘materialidad’ para decir que las afecciones materiales que deben tenerse en cuenta son aquellas que superen el 5% del presupuesto (¡810 ‘000.000.000!) porque estas son las que pueden afectar el desarrollo del proyecto y luego, como dije en otra columna, enviar brigadas de salud mental para hablar sobre resiliencia y proyecto de vida en el marco lógico y sustancial que la empresa dispone. 

Basta acabar con la pesca artesanal y dar a cambio subsidios y talleres sobre sana convivencia y resolución de conflictos bajo un esquema de planeación basado en los principios y estructura de la misma entidad que ha causado todo el daño. 

En octubre, cuando inició el proyecto de EPM en el caribe, Blanca Liliana Ruiz Arroyave, gerente de Afinia, habló de la generación de confianza en la población como un pilar de su estrategia; algo típico de la economía naranja. Pero desconfíen, porque aunque no es posible negar que EPM da un buen servicio en las ciudades principales, la cara que le da a la ruralidad es totalmente distinta y vela siempre por los intereses de los grandes empresarios cuyas arcas superan su margen de materialidad. En cuanto a los que no, ya vemos lo que puede pasar. 

El plan ha arrancado con un capital proyectado de 10 billones de pesos, calculen ustedes el valor material de las zonas de influencia y tendrán como resultado el margen de manipulación y de silencio al que tendrán que enfrentarse en los próximos años. Fuerza pues, y mucha cautela con esa nueva ocupación maicera, hermanas del Caribe.

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